Causas
Corte Penal Internacional
Abogados por Palestina ha tenido un rol protagónico en una de las acciones más relevantes presentadas desde América Latina ante la Corte Penal Internacional
El 16 de noviembre de 2023, se presentó formalmente la denuncia penal contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, ministro de Defensa. La acción detalla una serie de actos sistemáticos cometidos por Israel en Gaza que configuran, según la denuncia, genocidio conforme al artículo 6 del Estatuto de Roma, crímenes de guerra incluyendo el uso de inanición como método de guerra y crímenes de lesa humanidad incluyendo persecución y exterminio.
Participamos activamente en la denuncia presentada donde adhirieron 620 abogados chilenos en contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant ante la Corte Penal Internacional. Esta acción fue liderada por el abogado Nelson Hadad Heresy Ex.embajador de Chile, en Jordania, Irak, Egipto y Ecuador y actual profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Chile y reconocido jurista internacional.
Como parte esencial del proceso, Abogados por Palestina tuvo a su cargo la recolección, redacción y sistematización de fichas individuales de víctimas palestinas en Gaza, utilizadas como prueba documental concreta en el expediente presentado ante la Corte. Cada ficha incluye la identificación de la víctima, el relato de los hechos, el lugar, fecha y tipo de ataque sufrido, junto con evidencia fotográfica y testimonios cuando corresponde Se logró acreditar que todos estos casos fueron constitutivos de crímenes de guerra perpetrados por parte de Israel en Palestina ocupada desde el 7 de Octubre desde 2023.
La denuncia argumenta que las acciones del gobierno israelí cumplen con los elementos típicos de genocidio, tales como la matanza de miembros del grupo palestino, la lesión grave a la integridad física o mental y el sometimiento intencional a condiciones que buscan su destrucción física total o parcial. También se denuncian crímenes de guerra, como los ataques deliberados a hospitales, escuelas y estructuras civiles protegidas, el uso del hambre como método de guerra mediante el corte de alimentos, agua, electricidad y medicamentos, y los desplazamientos forzados y castigos colectivos. Además, se incluyen crímenes de lesa humanidad como el exterminio, la persecución por motivos nacionales, étnicos y religiosos y los ataques generalizados contra población civil.
El 21 de noviembre de 2024, en una resolución sin precedentes, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, basadas precisamente en los fundamentos contenidos en la denuncia chilena. En particular, se les imputa el uso de la inanición como arma de guerra, el ataque sistemático contra infraestructura civil y el desplazamiento forzoso y bloqueo humanitario. Esta decisión constituye un hito histórico en el avance hacia la justicia internacional y valida el trabajo técnico-jurídico impulsado desde Chile por el abogado Nelson Hadad Heresy y Abogados por Palestina.
Además de esta acción ante la CPI, Chile, como estado adhirió a la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, en la que se acusa a Israel de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Chile expresó su respaldo a las medidas cautelares dictadas por la CIJ que ordenan a Israel detener los ataques en Rafah y permitir ayuda humanitaria inmediata. Esta adhesión fue anunciada formalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores en febrero de 2024 y constituye un hecho político y jurídico sin precedentes en la historia chilena respecto a la causa palestina.
Abogados por Palestina continuará aportando activamente al proceso en la CPI y a otros foros internacionales, apoyo y coordinación con otras organizaciones humanitarias, así como coordinación con fiscalías europeas y latinoamericanas para la activación de órdenes de arresto y restricciones migratorias contra responsables de crímenes internacionales. La justicia universal es el último refugio cuando los pueblos no tienen protección local, y desde Chile seguiremos luchando por esa justicia con todas las herramientas de nuestra legislación interna y e Derecho Internacional.
Denuncia contra Mekorot ante la contraloría general de la república
Mekorot Israel National Water Co. Ltd. es la empresa nacional israelí de abastecimiento de agua, creada en 1937 y estatal desde 1948. Tiene el monopolio del agua en Israel y controla desde 1982 la infraestructura hídrica en los territorios palestinos ocupados ilegalmente en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Esta empresa ha sido acusada reiteradamente por la ONU y organizaciones de derechos humanos por implementar políticas de discriminación sistemática en el acceso al agua contra la población palestina. Entre las prácticas denunciadas se encuentran la limitación del suministro de agua en verano para beneficiar a los asentamientos israelíes ilegales, el cobro de precios más altos por litro de agua a palestinos que a israelíes, el control de pozos, manantiales y canales de distribución impidiendo a palestinos excavar o mantener infraestructura hídrica propia y la ejecución de obras clave que han facilitado la expansión de colonias israelíes ilegales en Cisjordania.
El Informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2014 condenó directamente a Mekorot por sus prácticas abusivas de control del agua en los territorios ocupados. Asimismo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado sus acciones como parte de una política de apartheid del agua. En 2020, Mekorot fue incluida en la base de datos de empresas que participan en actividades relacionadas con los asentamientos israelíes ilegales, conforme al informe publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en cumplimiento de la resolución 31/36.
Diversos países han tomado medidas concretas frente a estas violaciones. En 2013, la empresa estatal de agua Vitens en Holanda canceló su cooperación con Mekorot por sus violaciones a los derechos humanos. En Portugal, en 2009, la empresa pública DAS ÁGUAS LIVRES terminó relaciones con Mekorot por presión pública y parlamentaria. En Argentina, se suspendieron proyectos por su incompatibilidad con políticas de derechos humanos.
En Chile, en junio de 2023, la Corporación Desarrolla Biobío, un organismo público-privado financiado con dineros fiscales, firmó un contrato por 290 millones de pesos con Mekorot para asesorar en el diseño del Plan Regional de Gestión de Recursos Hídricos. Este contrato fue a dedo al margen de la lislacion de compras públicas y sin que Mekorot estuviera inscrito en el e registro de proveedores del Estado chileno. Además, contiene cláusulas abusivas como la exclusión de responsabilidad civil de Mekorot, la imposición de arbitraje bajo ley inglesa y la ausencia de multas o garantías.
Fue denunciado ante la Contraloría General de la República por Paula Abugattas y Nelson Hadad, en representación de Abogados por Palestina” por uso irregular de fondos públicos, falta de transparencia y vulneración a la ley de compras públicas. Si bien el contrato finalizó, con un pago parcial, existen intentos de reactivarlo ilegalmente, según consta en comunicaciones internas reveladas por Ley de Transparencia.
Frente a esta situación, Abogados por Palestina ha seguido interpondiendo reclamos admnistrativos ant la Contraloria General de la República para frenar esta contratación irregular, por vulneración a los principios de probidad y transparencia. Asimismo, se realizó una denuncia pública a través de medios de comunicación y se coordinó con organizaciones ambientales, pueblos originarios y movimientos de derechos humanos para visibilizar el conflicto.
Consideramos inadmisible que una empresa que implementa prácticas sistemáticas de apartheid y saqueo de recursos en los Territorios Ocupados Palestinos participe en procesos estratégicos de gestión del agua en Chile con dinero de todos los chilenos.
Denuncia Penal Contra el Soldado Israelí Saar Hirshoren
Desde el 7 de octubre de 2023, el Estado de Israel ha llevado a cabo una ofensiva militar sin precedentes contra la población de Gaza. Esta campaña, caracterizada por bombardeos sistemáticos, desplazamientos forzados, demoliciones masivas de infraestructura civil y bloqueo total de ayuda humanitaria, ha sido calificada por numerosos organismos internacionales, incluyendo la ONU, como un acto de genocidio. En ese marco, el Batallón de Ingeniería de Combate 749 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha sido señalado por su rol directo en la destrucción de universidades, hospitales, viviendas y otras infraestructuras esenciales para la vida civil en Gaza.
Uno de sus miembros activos es Saar Hirshoren, ciudadano israelí, quien ingresó a Chile a fines de 2024. En ese momento, el abogado Nelson Hadad Heresy y Abogados por Palestina, en representación de víctimas gazatíes radicadas en Chile, interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía Centro Norte exigiendo una rápida acción ante los tribunales de garantía correspondiente para su detención inmediata y el inicio de una investigación por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
La denuncia criminal fue presentada con base en la Ley Nº 20.357, que tipifica los crímenes internacionales en la legislación chilena, y en tratados internacionales ratificados por Chile, como el Estatuto de Roma y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. bombardeos a zonas residenciales; instalación de explosivos en infraestructuras civiles sin justificación militar; y declaraciones y publicaciones en redes sociales que denotan intención genocida, comparando al pueblo palestino con animales y celebrando la destrucción.
Las pruebas incluyeron el testimonio de víctimas directas residentes en Chile cuya familia fue desplazada y parcialmente asesinada, capturas de redes sociales del propio Hirshoren y otros miembros del Batallón 749, y fotografías satelitales y registros de medios de prensa que acreditan la devastación en Gaza.
Pese a la gravedad de los antecedentes, la Fiscalía Centro Norte archivó la causa sin notificar a los denunciantes ni realizar diligencias básicas como la citación del imputado. Posteriormente, se negaron tres solicitudes de audiencia, lo que motivó que el equipo legal solicitara la reactivación inmediata de la causa ante el Fiscal Nacional.
En una reunión celebrada el 3 de marzo de 2025, los abogados Nelson Hadad Heresy, Paula Abugattas y Siham El Masou expusieron las infracciones al debido proceso y el riesgo de fuga del imputado, y solicitaron al Fiscal Nacional aplicar el artículo 43 de la Ley 20.357, que permite designar un fiscal especial en casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
A la fecha, no se ha recibido respuesta formal del Ministerio Público. La causa sigue apareciendo como “terminada” en el sistema, lo que constituye una grave vulneración de los derechos de las víctimas a la justicia y la verdad.
Los crímenes denunciados son imprescriptibles y pueden ser perseguidos por cualquier Estado, sin importar el lugar en que hayan ocurrido. Esta obligación se deriva de tratados internacionales y del principio aut dedere aut judicare (entregar o juzgar).
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad de crímenes de esta naturaleza constituye por sí misma una violación a los derechos humanos. El Ministerio Público tiene la obligación legal y ética de investigar y sancionar estos delitos.
La agrupación Abogados por Palestina, junto a la Fundación Hind Rajab, ha sido parte activa en esta denuncia, no solo patrocinando la acción penal, sino que recopiló y sistematizó antecedentes de la víctima y de los hechos mediante fichas documentales usadas como prueba, impulsó acciones diplomáticas para evitar que el imputado abandone Chile, y promovió la creación de un protocolo de actuación en casos de crímenes internacionales, que aún está pendiente de ser implementado por el Ministerio Público.
La justicia universal no es solo un principio legal, es un deber moral frente a los pueblos oprimidos del mundo. Chile, como parte de la comunidad internacional, tiene la obligación jurídica y moral de perseguir crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad, aunque estos sean cometidos fuera de su territorio y por ciudadanos extranjeros. Esta competencia se basa en el principio de jurisdicción universal, reconocido en el derecho internacional consuetudinario y expresamente incorporado a la legislación chilena.
Criminales de Guerra en Chile: Petición ante el Servicio Nacional de Migraciones
Ante los crímenes de guerra y el genocidio cometidos por el Estado de Israel en Gaza, y frente a la evidencia de que militares israelíes implicados en estas violaciones han ingresado a Chile en calidad de turistas, Abogados por Palestina junto al abogado Nelson Hadad Heresy presentaron una solicitud formal ante el Servicio Nacional de Migraciones con el objetivo de establecer controles migratorios proporcionales a la gravedad de estos crímenes.
Durante el verano de 2024, fue detectada la presencia en la Región de Aysén del soldado israelí Saar Hirshoren, integrante del Batallón de Ingeniería de Combate 749 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), unidad señalada como responsable de actos de exterminio y destrucción sistemática de infraestructura civil en Gaza. Frente a su localización, Abogados por Palestina interpuso una denuncia penal por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, solicitando su detención inmediata. Sin embargo, la Fiscalía no actuó con la celeridad necesaria, y el soldado pudo abandonar el país sin restricciones, evidenciando la falta de mecanismos migratorios preventivos frente a sospechosos de crímenes internacionales graves.
En consecuencia, se solicitó que Chile implemente un protocolo de control migratorio, tal como lo han hecho países como Nueva Zelanda, Australia, Japón y Maldivas, que contemple, entre otros puntos, requerir a los ciudadanos israelíes que ingresen a Chile como turistas que declaren obligatoriamente si han prestado servicio militar, su rango y número de identificación, su unidad de combate, si han participado en acciones bélicas o en operaciones en territorios ocupados como Gaza o Cisjordania, y si han estado involucrados en crímenes de guerra, lesa humanidad o abusos a los derechos humanos. Asimismo, se propone evaluar caso a caso el ingreso, denegando el visado automático a quienes no cooperen con la información requerida o existan fundadas sospechas de participación en crímenes internacionales.
La solicitud presentada por Abogados por Palestina está alineada con la política exterior del gobierno del presidente Gabriel Boric, que ha adoptado una posición clara en defensa del Derecho Internacional Humanitario. Entre sus acciones se incluye el apoyo a las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Yoav Gallant, la adhesión a la denuncia por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, el llamado a consulta al embajador chileno en Israel en octubre de 2023 y la decisión de prohibir la participación de Israel en FIDAE 2024 como sanción diplomática.
Abogados por Palestina exige que el Estado de Chile actúe con coherencia y cumpla su deber internacional de evitar que personas involucradas en crímenes de guerra y genocidio encuentren refugio, vacaciones o impunidad en territorio nacional. La petición al Servicio Nacional de Migraciones busca cerrar ese vacío legal y moral, con el mensaje claro de que no se puede permitir que quienes destruyen hospitales, universidades y refugios de la ONU en Gaza paseen libremente por la Patagonia sin ser interrogados ni fiscalizados.
OTRAS ACCIONES EN CURSO:
● Coordinación con organizaciones internacionales.
● Sistematización de testimonios de víctimas y familias.
● Presentación de recursos en tribunales nacionales.
● Solicitudes por Ley de Transparencia